El presidente del Tribunal Constitucional adelantó que suman 600 los expedientes que se revisarán para la pronta emisión de un fallo.
Si bien el Tribunal Constitucional (TC) tiene una carga procesal de 6,500 casos pendientes, por lo pronto se concentrará en 600 de estos.
Y de ese universo, los primeros casos a tocarse serán las acciones de inconstitucionalidad contra el sistema privado pensiones y contra uno de los artículos de la ley Servir.
El presidente del TC, Óscar Urviola, precisó que la acción de inconstitucionalidad pendiente contra el sistema privado de pensiones es la presentada por el Colegio de Abogados de Puno, referente a los cambios introducidos en el 2012.
Hay que indicar que la demanda promovida sobre este caso por unos 33 congresistas ya fue rechazada.
“Queremos iniciar una nueva etapa en el TC con la revisión de expedientes en los que hay uno o dos votos. La idea es que todos los magistrados emitan una opinión para ir dando los fallos”, dijo a Gestión.
La demanda del Colegio de Abogados de Puno apunta a una supuesta afectación a la libertad al derecho de contratación, a la libertad de empresa, a la intangibilidad de los fondos de la seguridad social, entre otros.
Respecto a la acción de inconstitucionalidad contra uno de los artículos de la Ley del Servicio Civil, esta apunta al lineamiento de la norma que impide a los empleados públicos ejercer la negociación colectiva para tratar con el Estado aumentos salariales. Fueron 13 los artículos observados de la ley Servir.
Otros casos
Urviola anotó que el TC también revisará los expedientes sobre acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra la Ley 29944, de Reforma Magisterial.
Por lo pronto sobre este tema, ya se desestimó una que cuestionaba la migración de docentes a las nuevas escalas magisteriales, alegándose la reducción de remuneraciones.
Así también, está por verse la demanda contra el Decreto Legislativo 1129, que establece el secreto en toda información relacionada con la Seguridad y Defensa Nacional.
Según el demandante, la Defensoría del Pueblo, dicho decreto anula el derecho fundamental y humano de acceder a información pública.
Nuevos casos
De igual modo, Urviola afirmó que existe un “stock” muy grande de 5,000 procesos nuevos, de los que se deben realizar vistas de causa y finalmente emitir fallos. “Estamos modificando también el sistema de trabajo para que los magistrados tengan una intervención más directa en todo el proceso y revisando la línea jurisprudencial”, explicó.
Fuente:
Karina Abarca
kabarca@diariogestion.com.pe
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